El miércoles 15, en horas de la tarde, la Personería recibió la información de que se estaba presentando un mitin de los estudiantes en los alrededores del bloque administrativo de la Universidad exigiéndole al rector que se presentara para discutir el problema de la implementación de las Tarjetas de Identificación Personal, TIP. “Alrededor de unos 200 estudiantes se manifestaban en los bajos del edificio administrativo en donde las directivas habían preferido encerrarse, bajando todas las puertas- explica Max Yuri Gil, investigador del área de derechos humanos de la Personería-. Pero no fue cierto que se secuestró al rector como se rumuró. Es falso también que hubiera personas encapuchadas, armadas con palos, varillas metálicas o con piedras. Tampoco es cierto que estuvieran escalando los muros del edificio para penetrar”.

Hubo un momento en que la crisis se empantanó, los estudiantes rehusaron retirarse del  perímetro del bloque administrativo y los directivos no encontraba alternativas. De pronto el ESMAD irrumpió con violencia en el campus. Esto inquietó a los estudiantes y produjo una indignación al sentirse agredidos. Por eso, en lugar de huir, enfrentaron verbalmente al escuadrón.

Según Max Yuri, la comisión de la Personería, la directiva de la Udea y los estudiantes trataron de interlocutar con el comandante del operativo, pero él respondió que el gobernador había ordenado ingresar para rescatar al rector, que, según algunos funcionarios de su oficina, estaba  secuestrado. El comandante del escuadrón del ESMAD  dijo, sin embargo, que él se retiraría si de la propia rectoría le pedían hacerlo; entonces una funcionaria de la administración facilitó la comunicación telefónica entre el rector y el comandante del ESMAD. “Cuando este colgó- comenta Max Yuri-, dijo que el rector no le había pedido que se retirara y, por lo tanto, su retirada dependía del retiro de los estudiantes”. Hacia las 4 de la tarde los estudiantes estaban dispuestos a retirarse, pero de repente una nueva escuadra del Esmad ingresó violentamente en el recinto universitario y en actitud de combate rodeó a los estudiantes. 

Este acto violento exacerbó los ánimos. Hubo enfrentamiento con piedras y botellas que se extendió a los perímetros próximos de la universidad. Varias personas fueron impactadas con objetos contundentes como granadas de gas. Una antropóloga y una defensora de derechos humanos resultaron lesionadas en la cabeza con potes de gas lacrimógeno; un estudiante de ciencias políticas también fue impactado con un tarro de  gas y estuvo a punto de perder el ojo; muchas personas resultaron intoxicadas con gases lacrimógenos y gases pimienta. “Conocimos de algunos desmanes al interior de la Udea- comenta el investigador de la Personería-, algunos monitores destruidos, y cinco personas detenidas, tres de ellas fueron golpeadas sistemática y brutalmente por la policía al interior de las tanquetas donde fueron retenidos y  amenazados con desaparecerlos. Ese es el balance general”. 

El Consejo Superior ordenó cerrar la Universidad, al menos para estudiantes y profesores de cátedra, aduciendo que la violencia de los estudiantes en esta ocasión era la gota que rebozaba la copa frente a un problema permanente de orden público al interior de la Universidad, que combinaba además la venta de alucinógenos, atracos por parte de individuos encapuchados, violaciones en los baños y ventas informales en los pasillos y mesas de estudio. No deja de ser curioso, sin embargo, que estando cerrada la Universidad se haya presentado un atraco a la oficina de la Cooperativa de Estudiantes y al día siguiente un allanamiento de esta misma oficina por parte de la Fiscalía. 

Según Camilo Duarte, estudiante de antropología y uno de los líderes reconocidos por el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia, el cierre de la Universidad y la mezcla de las problemáticas dejan ver en el fondo una estrategia para dos objetivos: criminalizar la protesta estudiantil y desviar la atención sobre los problemas estructurales que tienen a la UdeA al borde del colapso. “Económicamente la UdeA está dejando de ser la universidad que investiga problemas de la sociedad, para investigar problemas coyunturales al servicio de la producción; deja de ser espacio público para convertirse en espacio privado a favor de empresas multinacionales. Ideológicamente la Universidad ha virado hacia una vertiente de derechización, buscando homogenización y persiguiendo el pensamiento crítico”. 

Detrás de todo esto, según Camilo Duarte, se vislumbran los proyectos de Infraestructura que se van a construir en los alrededores de la ciudad universitaria, tales como la Estación de Metro Plus, el Parque Tecnológico de la Ruta N y la factoría de Hewlett Pakcard. “Es un proyecto empresarial y de producción que se expandirá hacia la zona sur de la ciudad, esto permitirá que la ciudad se proyecte como centro de productividad pero no de conocimiento”. En este contexto la protesta estudiantil en sus diversas manifestaciones será un problema para el funcionamiento de este centro empresarial y como tal habrá que militalizarla.

Eso es lo que se pretende, según Camilo Duarte, con la militarización de la universidad y con la estrategia de reducir a un mismo problema la venta de droga en la ciudad universitaria, las ventas informales, los atracos, etc., con la protesta estudiantil, reduciendo primero esta al tropel. “Pero el tropel es también una manifestación de la protesta. Y empieza a consolidarse cuando la protesta pública abierta es criminalizada, los muchachos tapan sus rostros para no ser identificados y posteriormente criminalizados. Aparecen las papas y las incendiarias, porque la confrontación es desventajosa frente a las armas que utiliza la policía”. 

Según Camilo Duarte, la Universidad aprovechó estos días de cierre para la instalación de cámaras por todas partes, y entre tanto se realizaron varios allanamientos y un esculque indiscriminado de casilleros. “Lo que se espera es lo de siempre- asegura Camilo-, la casería de brujas; ante la falta de testigos nunca se sabe qué es lo que realmente encuentran en los allanamientos, pero después viene una larga historia de judicialización para estudiantes y profesores que han estado al frente de la protesta y la movilización”

Una semana después del cierre de la Universidad, la Corporación Jurídica Libertad publicaba un comunicado en el que llamaba la atención acerca de la pretensión de las directivas de la Universidad de mezclar la protesta estudiantil con el problema de las ventas informales y la presencia de una de las plazas de vicio más grandes de la ciudad en el campus universitario. No diferenciar estas situaciones, según la Corporación Jurídica, lleva simplemente a recrudecer la estigmatización y la persecución del movimiento estudiantil.

No escapa a nadie el hecho de que la plaza de vicio en la universidad es manejada, como todas las plazas de la ciudad, por bandas integradas en unas estructuras mafiosas que desde hace varios años están articuladas a estructuras paramilitares. Y al parecer, la voluntad de las autoridades universitarias y las de policía para acabar con estas plazas deja mucho qué desear. “Si el problema es la venta y consumo de alucinógenos- insiste la Corporación Jurídica-, es inexplicable que gran parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, la mayoría de ellos no consumidores, reconozcan a los expendedores de drogas, que suelen ubicarse en “El Aeropuerto”, pero nadie de la seguridad privada, que incluso permanecen en una portería frente a la zona, ha logrado identificar a alguno”. Por lo demás, el año pasado la policía hizo una redada en el “aeropuerto”, en donde se capturaron 15 consumidores de drogas, pero a ningún vendedor. Por otro lado, indica la Corporación, es claro que la banda que maneja la plaza de vicio no se desarticula con el ingreso del ESMAD, sino con inteligencia, lo cual deja ver que el objetivo de la militarización de la universidad es otro.

Entre otras cosas, el paramilitarismo tiene presencia en la UdeA desde hace unos doce años, con bloque propio inclusive: El Bloque de autodefensas Universidad de Antioquia, sin que se vea una real voluntad para enfrentarlo. Esa presencia se ha evidenciado a través de diferentes actos de violencia que han cometido al interior de la Universidad de Antioquia, hechos que están ya debidamente identificados y denunciados: La muerte del profesor Hernán Henao, el asesinato del dueño de la cafetería de la facultad de Derecho y el de Gustavo Marulanda. Además, están las amenazas en diferentes momentos contra líderes del movimiento estudiantil, de la asociación de profesores y de empleados. 

En Julio pasado, también emitió la Corporación Jurídica un comunicado en el que cuestionaba el silencio de las directivas universitarias frente a las declaraciones que un desmovilizado de los paramilitares, egresado de la Universidad de Antioquia, entregó al Espectador, revelando cómo operaban en la Universidad y sus relaciones al menos con uno de los profesores, Alfonso Monsalve, quien llegó a ocupar altos cargos en la dirección de la universidad y fue incluso candidato a rector en las pasadas elecciones. “Nosotros pensamos que era necesario que la administración de la Universidad se pronunciara frente a esa denuncia y la presunta responsabilidad de un docente que ocupaba cargos directivos importantes. Pero en cambio hubo total silencio”.

Uno de los estamentos más dinámicos en esta última coyuntura ha sido la asociación de profesores de la universidad de Antioquia. Esta no solo apoya a los estudiantes en su derecho a la protesta y ve en este cierre un atropello a dicho derecho, sino que entiende la falta de democracia como uno de los problemas estructurales que atraviesa la universidad hoy. Precisamente hace unos dos mese desarrollaron los profesores un cese general de actividades y una asamblea permanente de 72 días exigiendo el derecho a la participación.

El detonante para esta protesta fue la ratificación en el cargo del decano de la Facultad de odontología, profesor Carlos Mario Uribe. “Este personaje- explica la profesora Sara Fernández, vicepresidenta de la Asociación de profesores- llevaba dos periodos como decano. Contra él hubo el año pasado 23 quejas de acoso laboral y abuso de poder. Había mucha inconformidad entre estudiantes y profesores por la cancelación de horas de cátedras directas, cierres de laboratorio, confiscación de equipos, un montón de medidas arbitrarias que los estudiantes y profesores resintieron”.

Producto de eso, en la consulta a los diferentes estamentos universitarios que se hizo este año para la elección de decano, Carlos Mario Uribe ocupó el quinto lugar. Pero inexplicablemente el Consejo Superior Universitario lo ratificó en su cargo por tercera ocasión. Al final, por la presión de las protestas este decano renunció. Los profesores lograron que se convocara nuevamente a elecciones y se realizara la consulta entre los estamentos. Como era de esperarse, en dicha consulta ganó la misma persona que había ganado en la anterior (Clara Eugenia…)

Al final lo que concluyeron los profesores es que lo que pasaba en la facultad de odontología, sin llegar a ese nivel de gravedad, pasaba en todas las facultades. El problema, según la profesora Fernández, es que no hay adecuados espacios de representación de los estamentos universitarios. “En el Consejo Superior el rector tiene voz pero no tiene voto; hay un representante de los decanos que está en el consejo académico ante el superior; está el sector productivo representado, un representante del presidente; está la secretaría de educación, y el representante profesoral. Debería haber un representante de los estudiantes, pero el último, Gustavo Marulanda, fue asesinado. Así las cosas, el Consejo Superior está integrado en su mayoría por gente externa a la universidad. Y fueron los intereses externos a la universidad los que presionaron por sostener en la decanatura de Odontología a este personaje tan cuestionado, y los mismos que han presionado por el cierre y la militarización de la Universidad”.

El otro asunto tiene que ver con la precarización de la docencia. “Nosotros tuvimos apenas el 2% de incremento salarial este año- comenta la profesora Fernández-; pero los profesores de la de Antioquia hemos perdido más de la mitad del poder adquisitivo de nuestros salarios. Tenemos, además, una planta física con capacidad para unas 15 mil personas, pero diariamente está habitada por unas 35 mil. A finales de los 90 teníamos 15 mil estudiantes y ahora tenemos 37 mil; pero entre profesores ocasionales, de tiempo completo y medio tiempo vinculados no sumamos 1800 personas para atender 37 mil estudiantes. De ahí, entonces, la contratación de profesores de cátedra, tercerizada y con altos niveles de vulnerabilidad; son casi cinco mil, el 70% del personal docente. Estamos entonces ante una precarización tenaz, sobre todo porque hay un desfinanciamiento importante”. Según la profesora Fernández, el año pasado la universidad de Antioquia traía un déficit de 24 mil millones de pesos; a eso hay que agregarle la obligación presupuestaria de la gobernación, que a la fecha solo ha pagado minucias para evitar ser sancionada por incumplir lo que le toca, pero adeuda a la Universidad más de 17 mil millones de pesos. 

Todo esto genera una incertidumbre sobre el futuro próximo del Alma Máter. Con la reapertura no necesariamente viene la normalización: “Cómo vamos a seguir normales si no estamos normales- dice la profesora Fernández-. Tenemos encima tanquetas, policías, filtros, restricción al acceso a la gente incluso… Cómo ejercer democracia, cómo hacer participación, cómo hacer debate libre y plural con medidas represivas contundentes”.

Periódico Periferia Prensa Alternativa ( Edición 56 - Octubre 2010)

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