En términos formales se nos dice que Colombia es un Estado Social de Derecho (sic) y nos lo repiten hasta el cansancio leguleyos, políticos, "violentólogos", periodistas, dueños de ONG y catedráticos en todos los rincones del país. En concordancia, se afirma que en Colombia no existe la pena de muerte, la cual fue abolida legalmente hace un siglo exacto, en 1910. Esto no pasa de lo puramente formal, porque en la vida real en este país se aplica la pena capital, de manera generalizada desde, por lo menos, 1946, cuando los conservadores retomaron el control del gobierno.

En ese sentido Pena de Muerte, lo que se dice Pena y de Muerte, ha sido una constante de la historia colombiana, hasta el punto de que podría decirse, sin exagerar, que los colombianos que hemos nacido durante los últimos 70 años pertenecemos a una interminable generación, la de la Pena de Muerte.

Sin embargo, en los últimos ocho años se ha presentado un cambio con respecto tanto a la aplicación como a la legitimación que desde el Estado –contando con la complacencia de las clases dominantes, de sus medios de comunicación y de una parte de la población- se ha hecho de la pena de muerte, como se demuestra con algunos acontecimientos recientes.

1. 1910: Se decreta la abolición legal de la pena de muerte

La pena de muerte legal ha existido en el territorio de lo que hoy se llama Colombia en diversos momentos de la historia, desde la época colonial. Su primera abolición se produjo en 1851, en medio de las llamadas Reformas de Medio Siglo, bajo el gobierno de José Hilario López. Volvió a ser implantada por la Regeneración Conservadora, en la Constitución de 1886, para delitos como el parricidio, la traición a la patria, el asesinato, la piratería, el asalto en cuadrilla de malhechores y el provocar incendios, pero se prohibió taxativamente para delitos políticos.

Durante la dictadura de Rafael Reyes (1904-1909) se presentaron las últimas ejecuciones legales en Colombia, es decir, amparadas en la propia Constitución. Los penúltimos connacionales en ser llevados al patíbulo fueron los cuatro autores materiales del fallido atentado de Barro Colorado (carrerá 7 con calle 45, en Bogotá) contra el Presidente de la República, lo que aconteció el 10 de febrero de 1906. Juan Ortiz, Carlos Roberto González, Fernando Aguilar y Marco Arturo Salgar fueron juzgados y condenados por organizar un ataque en cuadrilla de malhechores y luego ejecutados en el mismo lugar donde habían atentado contra Reyes.

Y el último colombiano sometido a la pena de muerte legal fue el abogado negro Manuel Saturio Valencia, el 7 de mayo de 1907, cuando un grupo de fusileros le disparó directo al corazón. El delito por el que se le condenó fue su responsabilidad, nunca probada, en unos leves incendios en la ciudad de Quibdó, pero la verdadera razón estaba en que había tenido relaciones sexuales, de las que resultó un hijo, con una dama blanca. La familia de esa mujer juró vengarse y aprovechó la ocasión de un incendio que se presentó en Quibdó el primero de mayo de 1907, para inculpar a Valencia. El joven abogado fue juzgado y condenado en forma por demás acelerada, ya que entre el momento del incendio y la ejecución pública sólo transcurrieron 6 días. ¡Un raro ejemplo de celeridad en la justicia colombiana, cuando ésta se aplica a pobres o a negros! ¡Con sobrada razón se dice que la justicia es para los de ruana!

En 1910, luego del fin de la dictadura, la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución de 1886 abolió la pena de muerte. En el artículo B de las disposiciones transitorias de esta reforma constitucional se determinó que “los delitos castigados con pena de muerte en el Código Penal, lo serán en adelante con veinte años de presidio, mientras la ley dispone otra cosa”.

Nunca más, hasta el día de hoy, un texto constitucional vigente en este país avaló la pena capital, porque el artículo 11 de la Constitución de 1991 establece que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Como se muestra enseguida, tan lacónica afirmación constitucional está tan lejos de la realidad que parece un mal chiste.

2. La pena de muerte nunca reconocida

Aunque, constitucionalmente hablando, en 1910 se hubiera abolido la pena capital, en la práctica ésta se siguió aplicando en forma generalizada desde la violencia que se extendió por el país luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948.

En efecto, el partido conservador, en alianza con gamonales, terratenientes y sectores de las jerarquías católicas, para conservar el poder, pese a ser minoritario en términos políticos, organizó grupos de criminales, auspiciados y financiados desde el Estado, entre los cuales sobresalen los pájaros, los chulavitas y la tristemente célebre POPOL, policía política, todos los cuales se dieron a la tarea de asesinar a quienes eran considerados como enemigos del régimen conservador, entre ellos liberales, gaitanistas, y comunistas.

Los asesinatos perpetrados por miembros del Estado se hicieron cotidianos y esa práctica no ha desaparecido hasta el día de hoy, porque luego del fin del laureanismo (1950-1953) y de la dictadura militar que le siguió, la de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), el Frente Nacional no abandonó las viejas prácticas del conservadurismo y más bien las extendió, enmascaradas ahora con un abierto anticomunismo, para perseguir la protesta social y popular.

De esta forma, han sido asesinados miles de colombianos de organizaciones políticas y sociales de izquierda, así como sindicalistas, dirigentes agrarios, líderes comunitarios, estudiantes, profesores, mujeres pobres, defensores de derechos humanos, campesinos, jornaleros, indígenas y un interminable etcétera. Un buen número de las personas asesinadas en Colombia después de 1948 fueron ejecutadas de manera directa por el Estado, o por grupos privados que han sido auspiciados por el mismo o porque desde el mismo Estado los representantes del bipartidismo liberal conservador se daban a la tarea de señalar a los enemigos de la “democracia colombiana” y del “mundo libre” para que fueran perseguidos, exiliados o ejecutados por bandas criminales, rabiosamente anticomunistas.

Estas prácticas criminales tenían, sin embargo, como característica distintiva que, en general, los funcionarios del Estado jamás reconocían su participación en esos delitos, y en raras ocasiones se ufanaban en público, o a través de los medios de comunicación, de ser responsables de la muerte de ningún colombiano. Incluso, los responsables de los crímenes se lavaban las manos y proclamaban su inocencia, como sigue sucediendo hoy en algunos casos con respecto al respaldo, apoyo y financiación a los paramilitares.

3. El uribismo o el sicariato estatal

En 2002 se produce un cambio radical en cuanto a la pena de muerte aplicada por el Estado colombiano, ya que se instaura en el manejo estatal la lógica y la práctica de los sicarios, asesinos a sueldo cuya labor consiste en ejecutar a sangre fría a sus víctimas.

Durante los últimos ocho años, distintos funcionarios y agentes del gobierno central han asumido como algo normal el decretar y aplicar la pena de muerte a muchos colombianos, sobre todo a aquellos que empezaron a ser calificados como “terroristas” o “cómplices del terrorismo”, una noción tan vaga que en ella cabe todo. Esa práctica se ha impulsado desde la propia Presidencia de la República, como ha quedado demostrado con las continuas invitaciones de Álvaro Uribe Vélez a matar a todo aquel que fuera señalado como enemigo del régimen. Frases como "Si parece culpable, échenlo a la fosa", “Fumíguelos a mi nombre, general”, “Hay que matar a los bandidos”, son típicas de esa incitación cínica y desvergonzada a matar, con toda la impunidad del caso y protegidos con el manto estatal. El cambio fundamental estriba en que ahora no se niega el asesinato de adversarios sino que se impulsa y apoya desde el propio Estado. Eso fue lo que hicieron el régimen uribista y sus más encumbrados funcionarios, como Juan Manuel Santos y Francisco Santos.

Ahora el primer funcionario del Estado llama abiertamente al asesinato de sus adversarios, y además se ufana en hacerlo, y lo mismo hacen otros miembros del gobierno, como el Vicepresidente de la República.

Son tristemente célebres dos hechos:

-Primero, el asesinato de 3 dirigentes sindicales en Arauca en agosto de 2004, crimen que fue aplaudido por el vicepresidente de entonces, Francisco Santos, con la descarada afirmación de que “eran terroristas” que habían sido “dados de baja” en combate. Como para que no quedaran dudas del reconocimiento de la acción por parte del Estado, el entonces Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, ante la pregunta de un periodista de los Estados Unidos que le indagó si los muertos eran sindicalistas, le respondió: “Sí, los que fallecieron allí eran sindicalistas. Pero estaban en una lista con órdenes de captura justificadas. Son dos cosas separadas. Hay criminales que son médicos o pilotos. Ellos estaban comprometidos con el ELN. Cayeron en una operación en la que se les estaba buscando (por ser del ELN)”.

-Segundo, la masacre de 8 campesinos, entre ellos varios niños, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en febrero de 2005 por parte de miembros del ejército. Un mes después el propio Álvaro Uribe justificaría el crimen con estos términos: “En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.

Lo significativo de estos dos hechos radica en que, como ahora ya está confirmado, los sindicalistas no eran guerrilleros y no murieron en ningún combate, sino que fueron asesinados a mansalva por miembros activos del ejército. A su vez, los miembros de la Comunidad de Paz no pertenecían a ninguna organización insurgente y fueron ultimados por miembros del ejército, que han sido condenados a muchos años de cárcel. Por lo demás, resultaba poco creíble que niños de cinco años pudieran atacar a mano armada al ejército. Sin embargo, por esta apología del crimen, no han sido juzgados ni el Presidente ni el Vicepresidente de la República, y estos personajes nunca le han pedido perdón ni a las victimas ni al país por los señalamientos y por los crímenes cometidos por las fuerzas armadas del Estado.

Como puede verse, desde el Estado se avala el sicariato y se justifican todas las acciones de las fuerzas represivas, como se ha puesto de manifiesto con los mal llamados falsos positivos, un crimen sistemático de Estado, que no puede ser interpretado con la equivocada denominación de “ejecuciones extrajudiciales”, porque sencillamente en Colombia no existen las “ejecuciones judiciales”, esto es, la autorización legal y constitucional para matar a alguien. Ese nombre tiende a ocultar que simple y llanamente son crímenes de Estado, sin asidero legal de ninguna clase, aunque cuenten con el apoyo de la fuerza militar y de los medios de comunicación, para presentarlos como legales y legítimos.

Por si hubiera dudas de que estamos hablando de crímenes de Estado, es bueno recordar que los militares fueron los organizadores y ejecutores de las muertes de miles de colombianos pobres y humildes, hay que subrayarlo, porque que se sepa no ha habido ni un solo oligarca entre los “falsos positivos” y, además, esta práctica criminal tuvo patrocinio estatal con la Directiva No. 29 del Ministerio de Defensa de noviembre de 2005, en la cual se indica que se pagaran recompensas por “la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”.

Comentando este hecho criminal, el investigador Samuel Barinas concluye un estudio sobre los eufemísticos falsos positivos de esta forma lapidaria: “Le quitaron valor a la vida y le pusieron precio a la muerte. Querían medir el éxito de su criminal política de seguridad en litros de sangre. Como consecuencia de esta directiva los noticieros de la radio y la televisión y los titulares de la prensa se llenaron de muertos, casi todos presentados por los militares como “jefes de finanzas” de la guerrilla, “mano derecha” del comandante tal, o simplemente, “terroristas” muertos en combate…”

Otro hecho que rubrica la legitimación pública de la pena de muerte que se realiza desde el Estado, con la violación de la Constitución Nacional, ha sido el del ataque de Sucumbíos en Ecuador en marzo de 2008, cuando fueron masacradas 26 personas, entre ellas 4 ciudadanos mexicanos y 1 ecuatoriano. A raíz de esto hecho, típico de la guerra preventiva made in USA, el régimen uribista intentó justificarlo de mil maneras, con el respaldo abierto y cínico de la “gran prensa”, diciendo que Colombia tenía derecho a defenderse y que por eso atacaba a las FARC en Ecuador y violaba la soberanía territorial de ese país.

El que tuvo bien claro lo que había sucedido fue un humilde juez de Sucumbíos, quien desde el principio señaló que había sido un crimen, y por eso inició el juicio contra los responsables, entre los que se encuentra el actual Presidente de la República de Colombia. Éste nunca se ha arrepentido de los hechos de Ecuador, antes por el contrario ha manifestado en repetidas ocasiones que se siente muy feliz y satisfecho por la acción criminal, como muestra del cambio que hemos señalado, que consiste en no ocultar los crimines sino en exaltarlos en público.

No sorprende que los abogados de oficio que tiene J.M. Santos ante la justicia ecuatoriana hayan recurrido al sensacional argumento jurídico que intenta ocultar las manifestaciones públicas del hoy Presidente de Colombia en las que se ufana del asesinato de Raúl Reyes. Dicha argumentación jurídica, sin ningún asidero ni legal ni lógica dice textualmente: “La decisión de bombardear el campamento donde se encontraba Raúl Reyes fue de Estado, amparada por legislación internacional en la lucha contra el terrorismo, y que por consiguiente no hubo ninguna acción o prueba que demuestre que Santos actuó de manera personal”. Como quien dice, la pretendida legislación internacional de lucha contra el terrorismo avala la pena de muerte en cualquier país y por eso hasta el Presidente de la República puede violar la constitución del país que preside, amparándose en una etérea legislación internacional (que si existiera, que no es el caso, no podría reclamar extraterritorialidad), para bombardear otro país y asesinar a un grupo de personas, sin importar que ni en Ecuador ni Colombia exista la pena de muerte. ¡Si existiera el Premio Nobel de Jurisprudencia se lo ganarían sin ninguna duda los abogados de Santos, por tamaño descubrimiento jurídico!

4. Los sicarios del aire

En el uribismo se implementó un nuevo tipo de sicariato, que consiste en el uso masivo de la aviación militar para bombardear de manera indiscriminada y desproporcionada con el objetivo exclusivo de matar al adversario. A este tipo de acción criminal bien se le puede llamar sicariato aéreo, que no es sino un refinamiento técnico del sicariato en motocicleta, que fue inventado en la década de 1980 en las calles de Medellín y luego se exportó a otros lugares del país y del mundo, como producto de lo cual los sicarios colombianos gozan de gran reconocimiento internacional por su frialdad, sangre fría y puntería para matar a sus victimas. Este sicariato se ha convertido en un producto de exportación típicamente colombiano, porque en estos momentos los sicarios colombianos gozan de gran prestigio entre los círculos criminales de México y otros lugares del planeta.

Valiéndose de los dineros del Plan Colombia y de las “ayudas” de los Estados Unidos, el Estado ha comprado aviones sofisticados con los cuales adelanta sus labores sicariales, consistentes en bombardear de manera permanente a la insurgencia y a campesinos e indígenas. Esta arma de guerra se ha venido utilizando de manera reiterada y sin limitación alguna, como se puso de manifiesto el 23 de septiembre cuando fue asesinado el líder militar de las FARC, Alfonso Briceño, conocido como el Mono Jojoy.

Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado indican claramente que el objetivo de esta acción desde un principio era la de masacrar al Mono Jojoy, como se evidencia con esta afirmación de uno de los militares que participó en la operación:"Sabíamos que teníamos dos objetivos grandes: acabar con el 'Mono Jojoy' y combatir a los 1.300 hombres que lo custodiaban”.

Y el Ministro de Defensa (sic), Rodrigo Rivera, un mediocre burócrata de segunda categoría, se regodea de la aplicación ilegal de la pena de muerte: “Fue una operación quirúrgica porque no iba dirigida a desmantelar el campamento sino contra el objetivo. Sabíamos que tenía la costumbre de levantarse entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana y consultar documentos (...) por eso se decidió que (el operativo) fuera a las 2:00 de la mañana”. Una operación quirúrgica, vale decir destinada a matar a una persona, como las que realizan cotidianamente Israel contra los palestinos o Estados Unidos en Iraq, Afganistán y Pakistán. Por eso no sorprende que ésta haya sido una operación en la que participaron directa e indirectamente Estados Unidos. Éste suministró 30 bombas “inteligentes”, equivalentes a 7 toneladas de explosivos (7.000 mil kilos) para matar a un guerrillero de 59 años y enfermo, como lo relatan con deleite los militares que hablan en la prensa amarilla y pornográfica de Colombia: "Tenía diabetes aguda por lo que las heridas tomaban tiempo en sanar. No podía tomar licor, sufría impotencia sexual, estaba deprimido, había sido operado del apéndice, tenía otitis en el oído izquierdo, sufría de hipoglicemia, de hipertensión. Regularmente se le inflamaban los pies y por eso no usaba botas de caucho, sino militares. Por eso cada vez que podía, se ponía sandalias".

Fue contra este hombre que se realizó esta operación sicarial en la que se emplearon, ya no se sabe con exactitud cuál es la cifra, porque ya se habla de 72 naves aéreas, incluyendo aviones y helicópteros, con la participación de casi 1.000 miembros de los cuerpos especiales y emplearon bombas muy sofisticadas, como cuenta uno de los participantes: “Usamos bombas construidas con un material exclusivo que, al reventar, produce tres efectos: uno que enciende fuego; uno de onda explosiva, que es lo que tumba lo que encuentra; y uno de fragmentación, que son las esquirlas. En este caso, el efecto de la onda explosiva destruyó el búnker".

¿A esto lo llaman combate? ¿Este crimen fue el resultado de un enfrentamiento militar, similar al que libran los israelíes cuando asesinan a los palestinos?

Como ha dicho hace poco Fidel Castro: “Imagino que no pocos militares colombianos estén abochornados por las grotescas versiones de la supuesta batalla en la que murió el Comandante Jorge Briceño Suárez. En primer lugar, no hubo combate alguno. Fue un burdo y bochornoso asesinato. El almirante Edgar Cely, tal vez embarazado con el parte de guerra con que la autoridad oficial informó la noticia y otras versiones oscuras, declaró que: “Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, murió por ‘aplastamiento’ cuando [...] la construcción en la que estaba escondido en la selva se le vino encima.” El líder cubano añade que “Lo más grave es lo que falta por contar, que ya hasta el gato lo sabe, porque los propios yankis lo han publicado. El gobierno de Estados Unidos le suministró a su aliado más de 30 bombas inteligentes. En las botas que le suministraron al jefe guerrillero, le instalaron un GPS. Guiadas por ese instrumento, las bombas programadas estallaron en el campamento donde estaba Jorge Briceño. ¿Por qué no se explica al mundo la verdad? ¿Por qué sugieren una batalla que nunca tuvo lugar?”

Por otra parte, el cadáver de Briceño presenta las mismas características de los muertos de la masacre perpetrada por Israel en diciembre de 2008/enero de 2009 en Palestina, cuando se veían los cuerpos inflados y derritiéndose. Es un resultado del uso de fósforo blanco, un componente químico que está prohibido en las guerras. ¡Ése es otro de los grandes logros del ejército colombiano, usar armas prohibidas por las convenciones internacionales!

Los medios de comunicación, periodistas, políticos, pseudointelectuales, todos convertidos en chacales de la muerte, aplauden la maniobra artera y criminal que es la aplicación de la pena de muerte en estos tiempos pretendidamente posmodernos. Y Juan Manuel Santos fue a la ONU a decir que había matado a uno de los peores terroristas de Colombia en su guarida y fue felicitado por Barack Obama, Premio Nobel de la Muerte, quien manifestó su beneplácito por el crimen, y lo mismo hizo José Miguel Insulza, uno de esos raros casos en que el apellido coincide con al perfil moral e intelectual del sujeto. Si Santos dice que se mató a uno de los principales enemigos del pueblo colombiano, nos preguntamos ¿por qué se dice eso si a Álvaro Uribe Vélez no le ha pasado nada, ni tampoco se ha bombardeado a la Casa de Narquiño, la sede Presidencial?

Ante todo lo dicho, flotan otras preguntas en el aire: ¿Qué van a decir Amnistía Internacional, la Cruz Roja, las ONG de derechos humanos y, sobre todo, los juristas colombianos sobre este tipo de crímenes efectuados por el Estado colombiano? ¿Qué tienen que decir todas estas instancias ante el uso de fósforo en las bombas suministradas por los Estados Unidos? ¿Por qué ese silencio mudo de la “izquierda democrática” ante este crimen de guerra perpetrado por el Estado colombiano? ¿Acaso está muy distante el día en que desde los aviones y los helicópteros, como sucede en Israel, se ametralle a otros colombianos en campos y ciudades, so pretexto de ser terroristas?

5. Los macabros rituales de la pena de muerte a la colombiana

En casi todos los países del mundo donde ha existido y hoy existe la pena de muerte legal, aplicada por el Estado, se práctica una ritualidad macabra que acompaña a las ejecuciones. No solamente es el acto de matar a un ser humano lo que cuenta sino todas las horrorosas prácticas que se desarrollan durante y después de la ejecución. Al respecto se debe recordar, para citar un ejemplo, que cuando se mataba a alguien en Europa en los siglos XVI y XVIII se obligaba a la gente a asistir a la ejecución y luego se dejaba el cadáver clavado en postes de madera por semanas para que fuera presa de las aves de rapiña. Este ritual tenía la finalidad de generar escarnio y crear terror entre la población. Algunos podrán decir que esos eran otros tiempos, pero que hoy en el capitalismo posmoderno eso ya no se practica. Nada de eso, aunque hoy los rituales se han sofisticado son igual de escabrosos, máxime con el papel enajenante que cumple la televisión, la cual muestra con morbo y saña los cadáveres de los enemigos de la “democracia”, como se hace en Israel, Estados Unidos y ahora en Colombia.

A propósito de ese estilo, en Estados Unidos se prohíbe que en televisión se muestren los cadáveres de los soldados muertos en Iraq o Afganistán –lo mismo que sucedió con las victimas del 11 de septiembre de 2001-, pero se irrespetan y se profanan los cadáveres de los enemigos, como sucedió con los hijos de Sadam Hussein y con el propio líder iraquí. En esas condiciones, lo que ahora vemos en Colombia no es ni siquiera original, pues es una burda copia de los métodos de matar de Israel y Estados Unidos, pues mediante bombardeos indiscriminados y el empleo de fósforo blanco se masacra y luego se presenta el espectáculo morboso de exhibir los cadáveres desfigurados de sus adversarios para diversión de la “opinión pública”. Por eso, lo que últimamente se ha visto en Colombia es una simple réplica de lo hecho por los estadounidenses con sus victimas en Iraq o Afganistán.

En la pena capital a la colombiana, tal y como ahora se aplica por parte del Estado traqueto, también se escenifican unos rituales despreciables, en los cuales los medios de comunicación desempeñan un papel central. Se trata en primer lugar de rebajar al extremo al otro, que no es presentado como un ser humano sino como una bestia, sin ni siquiera reconocer su carácter de adversario. En el caso reciente resulta escalofriante que se exalten las virtudes de Sascha, una perra antiexplosivos del ejército que murió en el bombardeo, como una pérdida lamentable para la democracia colombiana, mientras se solazaban mostrando de manera morbosa el cadáver desfigurado de Alfonso Briceño.

La oligarquía colombiana ni siquiera respeta a los muertos, lo cual es casi una ley universal, que por supuesto no se aplica en estos lares traquetizados. Por eso, ese regodeo sangriento de presentadores y presentadoras de televisión, de periodistas, de opinadores y charlatanes que se deleitaban mostrando de manera pornográfica y criminal, muy al estilo de la prensa de Estados Unidos o de Israel, el cadáver desfigurado de un campesino, cuyo principal crimen fue el de combatir a esa oligarquía, y de propinarle memorables derrotas, durante 40 años.

Porque, precisamente, si algo se destaca de ese ritual despreciable que no respeta ni a los muertos, es el odio de clase hacia todos aquellos de origen humilde que se han revelado para enfrentar, en este caso con las armas, a las clases dominantes de Colombia. Lo peor del caso radica en que los pobres, tan despreciados por esa oligarquía, también participen en la fiesta de clase que celebran los de arriba contra uno de los suyos. Algo similar a lo que sucede con muchos admiradores del nazismo que, pese a su extracción pobre y cetrina, admiran a Hitler, un personaje que de existir no dudaría ni un momento en matarlos con su mano homicida.

Finalmente, que la pena de muerte se ha legitimado en este país, aunque no necesite legalizarse, lo demuestra la efusividad de todos los altos funcionarios del Estado, cada uno de los cuales quiere llevar la delantera en hacer meritos en la campaña criminal por saber cuál de ellos es el más asesino, como sucedía en los tiempos de lejano oeste en Estados Unidos. Cada uno de ellos quiere convertirse en el Matoncísimo Kid para ganar puntos ante sus amos de los Estados Unidos. Y por eso, hasta la tribuna de la ONU se considera adecuada para que un personaje que ocupa el solio presidencial, de tan dudosa moralidad y con tan pésimos antecedentes en materia del respeto a las vidas ajenas -es prófugo de la justicia ecuatoriana, está involucrado en el asesinato de 4 mexicanos y un ecuatoriano y de miles de colombianos pobres, por lo de los mal llamados “falsos positivos”- ahora venga a presentarse como el salvador de Colombia e incluso haya comparado el asesinado del Mono Jojoy con la gesta libertadora de Bolívar.

Tamaño atrevimiento sólo puede caber en una mente enferma y megalómana, que cae muy bien en una Colombia embrutecida por los medios de comunicación y en la que se ha impuesto la lógica del “todo vale”, tan propia de esa combinación letal de neoliberalismo con las subculturas del narcotráfico y del paramilitarismo. ¿Qué más se le puede pedir a un genuino representante de la lumpemburguesia colombiana?

Desde un plano individual exigimos que se nos diga quiénes fueron los responsables, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, las motivaciones de los mismos. Pero también desde el plano colectivo, los diversos sectores universitarios y la misma sociedad en su conjunto, exigimos Ia verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que este aberrante delito llego a cometerse. PERMITIR QUE EL ESTADO VIOLE EL DERECHO A LA VERDAD, ES PERMITIR QUE EN EL FUTURO SE CONTINUEN REPITIENDO TALES ACTOS.

Sabiendo que al Estado le asiste el deber de investigar todos los asuntos relacionados con este vil asesinato, lo que observamos es que el Estado no solo ha incumplido éste sagrado deber, sino que también no se ha revestido de toda la formalidad pertinente ni tampoco se ha dotado de los medios adecuados para buscar y valorar las pruebas existentes. El deber de investigar significa para nosotros, hallar a los culpables, castigarlos debidamente e incorporar la Búsqueda de la Verdad Histórica.

En respuesta a un Derecho de Petición instaurado por la madre de Julián, doña Laura Castillo de Hurtado, el 3 de junio de 2009, donde se le solicita a la Fiscalía un informe detallado sobre las investigaciones adelantadas en pro de encontrar los autores y esclarecer los móviles que terminaron con Ia vida del estudiante en mención, la Fiscalía General de la Nación a través de Ia Unidad de Vida, Libertad Sexual y Dignidad Humana-Seccional Cali; se limita a manifestar que hasta el momento no se cuenta con pruebas suficientes y concretas que permitan Ia vinculación de persona alguna como autora del asesinato. A pesar del tiempo transcurrido, no han sido suficientes las declaraciones recogidas, Ia concurrencia de un testigo presencial de los hechos ni tampoco el retrato hablado del posible autor material del homicidio para llegar a una formulación de imputación contra persona determinada... en estas condiciones se estima que procede el archivo de las diligencias, sin perjuicio de evidencia sobreviviente. Y para que no quede duda alguna, Ia Fiscalía lo reafirma: Podría aceptarse que las diligencias que se han allegado nos advierten de la existencia de un acontecer contra la vida, pero conforme a los derroteros de la Ley 906 de 2004, no existe posibilidad de hacer imputación en contra de persona determinada y mientras ello no suceda, lo prudente es archivar el caso. Ante esta decisión, apenas obvia y normal en el marco de Ia institucionalidad de Ia impunidad en

Colombia... nos negamos a aceptar que el crimen de Julián quede precisamente en la impunidad, porque según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "El Estado tiene Ia obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de los Derechos Humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. Por lo tanto, rechazamos unánimemente el proceder de la Fiscalía y demás instancias judiciales. EXIGIMOS LA APERTURA INMEDIATA DE LA INVESTIGACIÓN. No podemos aceptar este tipo de decisiones, en las que se dice administrar justicia, pero que en realidad lo que están haciendo es evadir la responsabilidad del Estado en el sentido de valerse de todos los medios posibles no solamente para garantizar el Derecho a la Verdad sino también para proteger los derechos de todos los ciudadanos... ¡EN COLOMBIA, UNA VEZ MAS LA JUSTICIA CAMINA EN DIRECCION AL FAVORECIMIENTO DE LOS VICTIMARIOS!

El miércoles 15, en horas de la tarde, la Personería recibió la información de que se estaba presentando un mitin de los estudiantes en los alrededores del bloque administrativo de la Universidad exigiéndole al rector que se presentara para discutir el problema de la implementación de las Tarjetas de Identificación Personal, TIP. “Alrededor de unos 200 estudiantes se manifestaban en los bajos del edificio administrativo en donde las directivas habían preferido encerrarse, bajando todas las puertas- explica Max Yuri Gil, investigador del área de derechos humanos de la Personería-. Pero no fue cierto que se secuestró al rector como se rumuró. Es falso también que hubiera personas encapuchadas, armadas con palos, varillas metálicas o con piedras. Tampoco es cierto que estuvieran escalando los muros del edificio para penetrar”.

Hubo un momento en que la crisis se empantanó, los estudiantes rehusaron retirarse del  perímetro del bloque administrativo y los directivos no encontraba alternativas. De pronto el ESMAD irrumpió con violencia en el campus. Esto inquietó a los estudiantes y produjo una indignación al sentirse agredidos. Por eso, en lugar de huir, enfrentaron verbalmente al escuadrón.

Según Max Yuri, la comisión de la Personería, la directiva de la Udea y los estudiantes trataron de interlocutar con el comandante del operativo, pero él respondió que el gobernador había ordenado ingresar para rescatar al rector, que, según algunos funcionarios de su oficina, estaba  secuestrado. El comandante del escuadrón del ESMAD  dijo, sin embargo, que él se retiraría si de la propia rectoría le pedían hacerlo; entonces una funcionaria de la administración facilitó la comunicación telefónica entre el rector y el comandante del ESMAD. “Cuando este colgó- comenta Max Yuri-, dijo que el rector no le había pedido que se retirara y, por lo tanto, su retirada dependía del retiro de los estudiantes”. Hacia las 4 de la tarde los estudiantes estaban dispuestos a retirarse, pero de repente una nueva escuadra del Esmad ingresó violentamente en el recinto universitario y en actitud de combate rodeó a los estudiantes. 

Este acto violento exacerbó los ánimos. Hubo enfrentamiento con piedras y botellas que se extendió a los perímetros próximos de la universidad. Varias personas fueron impactadas con objetos contundentes como granadas de gas. Una antropóloga y una defensora de derechos humanos resultaron lesionadas en la cabeza con potes de gas lacrimógeno; un estudiante de ciencias políticas también fue impactado con un tarro de  gas y estuvo a punto de perder el ojo; muchas personas resultaron intoxicadas con gases lacrimógenos y gases pimienta. “Conocimos de algunos desmanes al interior de la Udea- comenta el investigador de la Personería-, algunos monitores destruidos, y cinco personas detenidas, tres de ellas fueron golpeadas sistemática y brutalmente por la policía al interior de las tanquetas donde fueron retenidos y  amenazados con desaparecerlos. Ese es el balance general”. 

El Consejo Superior ordenó cerrar la Universidad, al menos para estudiantes y profesores de cátedra, aduciendo que la violencia de los estudiantes en esta ocasión era la gota que rebozaba la copa frente a un problema permanente de orden público al interior de la Universidad, que combinaba además la venta de alucinógenos, atracos por parte de individuos encapuchados, violaciones en los baños y ventas informales en los pasillos y mesas de estudio. No deja de ser curioso, sin embargo, que estando cerrada la Universidad se haya presentado un atraco a la oficina de la Cooperativa de Estudiantes y al día siguiente un allanamiento de esta misma oficina por parte de la Fiscalía. 

Según Camilo Duarte, estudiante de antropología y uno de los líderes reconocidos por el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia, el cierre de la Universidad y la mezcla de las problemáticas dejan ver en el fondo una estrategia para dos objetivos: criminalizar la protesta estudiantil y desviar la atención sobre los problemas estructurales que tienen a la UdeA al borde del colapso. “Económicamente la UdeA está dejando de ser la universidad que investiga problemas de la sociedad, para investigar problemas coyunturales al servicio de la producción; deja de ser espacio público para convertirse en espacio privado a favor de empresas multinacionales. Ideológicamente la Universidad ha virado hacia una vertiente de derechización, buscando homogenización y persiguiendo el pensamiento crítico”. 

Detrás de todo esto, según Camilo Duarte, se vislumbran los proyectos de Infraestructura que se van a construir en los alrededores de la ciudad universitaria, tales como la Estación de Metro Plus, el Parque Tecnológico de la Ruta N y la factoría de Hewlett Pakcard. “Es un proyecto empresarial y de producción que se expandirá hacia la zona sur de la ciudad, esto permitirá que la ciudad se proyecte como centro de productividad pero no de conocimiento”. En este contexto la protesta estudiantil en sus diversas manifestaciones será un problema para el funcionamiento de este centro empresarial y como tal habrá que militalizarla.

Eso es lo que se pretende, según Camilo Duarte, con la militarización de la universidad y con la estrategia de reducir a un mismo problema la venta de droga en la ciudad universitaria, las ventas informales, los atracos, etc., con la protesta estudiantil, reduciendo primero esta al tropel. “Pero el tropel es también una manifestación de la protesta. Y empieza a consolidarse cuando la protesta pública abierta es criminalizada, los muchachos tapan sus rostros para no ser identificados y posteriormente criminalizados. Aparecen las papas y las incendiarias, porque la confrontación es desventajosa frente a las armas que utiliza la policía”. 

Según Camilo Duarte, la Universidad aprovechó estos días de cierre para la instalación de cámaras por todas partes, y entre tanto se realizaron varios allanamientos y un esculque indiscriminado de casilleros. “Lo que se espera es lo de siempre- asegura Camilo-, la casería de brujas; ante la falta de testigos nunca se sabe qué es lo que realmente encuentran en los allanamientos, pero después viene una larga historia de judicialización para estudiantes y profesores que han estado al frente de la protesta y la movilización”

Una semana después del cierre de la Universidad, la Corporación Jurídica Libertad publicaba un comunicado en el que llamaba la atención acerca de la pretensión de las directivas de la Universidad de mezclar la protesta estudiantil con el problema de las ventas informales y la presencia de una de las plazas de vicio más grandes de la ciudad en el campus universitario. No diferenciar estas situaciones, según la Corporación Jurídica, lleva simplemente a recrudecer la estigmatización y la persecución del movimiento estudiantil.

No escapa a nadie el hecho de que la plaza de vicio en la universidad es manejada, como todas las plazas de la ciudad, por bandas integradas en unas estructuras mafiosas que desde hace varios años están articuladas a estructuras paramilitares. Y al parecer, la voluntad de las autoridades universitarias y las de policía para acabar con estas plazas deja mucho qué desear. “Si el problema es la venta y consumo de alucinógenos- insiste la Corporación Jurídica-, es inexplicable que gran parte de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, la mayoría de ellos no consumidores, reconozcan a los expendedores de drogas, que suelen ubicarse en “El Aeropuerto”, pero nadie de la seguridad privada, que incluso permanecen en una portería frente a la zona, ha logrado identificar a alguno”. Por lo demás, el año pasado la policía hizo una redada en el “aeropuerto”, en donde se capturaron 15 consumidores de drogas, pero a ningún vendedor. Por otro lado, indica la Corporación, es claro que la banda que maneja la plaza de vicio no se desarticula con el ingreso del ESMAD, sino con inteligencia, lo cual deja ver que el objetivo de la militarización de la universidad es otro.

Entre otras cosas, el paramilitarismo tiene presencia en la UdeA desde hace unos doce años, con bloque propio inclusive: El Bloque de autodefensas Universidad de Antioquia, sin que se vea una real voluntad para enfrentarlo. Esa presencia se ha evidenciado a través de diferentes actos de violencia que han cometido al interior de la Universidad de Antioquia, hechos que están ya debidamente identificados y denunciados: La muerte del profesor Hernán Henao, el asesinato del dueño de la cafetería de la facultad de Derecho y el de Gustavo Marulanda. Además, están las amenazas en diferentes momentos contra líderes del movimiento estudiantil, de la asociación de profesores y de empleados. 

En Julio pasado, también emitió la Corporación Jurídica un comunicado en el que cuestionaba el silencio de las directivas universitarias frente a las declaraciones que un desmovilizado de los paramilitares, egresado de la Universidad de Antioquia, entregó al Espectador, revelando cómo operaban en la Universidad y sus relaciones al menos con uno de los profesores, Alfonso Monsalve, quien llegó a ocupar altos cargos en la dirección de la universidad y fue incluso candidato a rector en las pasadas elecciones. “Nosotros pensamos que era necesario que la administración de la Universidad se pronunciara frente a esa denuncia y la presunta responsabilidad de un docente que ocupaba cargos directivos importantes. Pero en cambio hubo total silencio”.

Uno de los estamentos más dinámicos en esta última coyuntura ha sido la asociación de profesores de la universidad de Antioquia. Esta no solo apoya a los estudiantes en su derecho a la protesta y ve en este cierre un atropello a dicho derecho, sino que entiende la falta de democracia como uno de los problemas estructurales que atraviesa la universidad hoy. Precisamente hace unos dos mese desarrollaron los profesores un cese general de actividades y una asamblea permanente de 72 días exigiendo el derecho a la participación.

El detonante para esta protesta fue la ratificación en el cargo del decano de la Facultad de odontología, profesor Carlos Mario Uribe. “Este personaje- explica la profesora Sara Fernández, vicepresidenta de la Asociación de profesores- llevaba dos periodos como decano. Contra él hubo el año pasado 23 quejas de acoso laboral y abuso de poder. Había mucha inconformidad entre estudiantes y profesores por la cancelación de horas de cátedras directas, cierres de laboratorio, confiscación de equipos, un montón de medidas arbitrarias que los estudiantes y profesores resintieron”.

Producto de eso, en la consulta a los diferentes estamentos universitarios que se hizo este año para la elección de decano, Carlos Mario Uribe ocupó el quinto lugar. Pero inexplicablemente el Consejo Superior Universitario lo ratificó en su cargo por tercera ocasión. Al final, por la presión de las protestas este decano renunció. Los profesores lograron que se convocara nuevamente a elecciones y se realizara la consulta entre los estamentos. Como era de esperarse, en dicha consulta ganó la misma persona que había ganado en la anterior (Clara Eugenia…)

Al final lo que concluyeron los profesores es que lo que pasaba en la facultad de odontología, sin llegar a ese nivel de gravedad, pasaba en todas las facultades. El problema, según la profesora Fernández, es que no hay adecuados espacios de representación de los estamentos universitarios. “En el Consejo Superior el rector tiene voz pero no tiene voto; hay un representante de los decanos que está en el consejo académico ante el superior; está el sector productivo representado, un representante del presidente; está la secretaría de educación, y el representante profesoral. Debería haber un representante de los estudiantes, pero el último, Gustavo Marulanda, fue asesinado. Así las cosas, el Consejo Superior está integrado en su mayoría por gente externa a la universidad. Y fueron los intereses externos a la universidad los que presionaron por sostener en la decanatura de Odontología a este personaje tan cuestionado, y los mismos que han presionado por el cierre y la militarización de la Universidad”.

El otro asunto tiene que ver con la precarización de la docencia. “Nosotros tuvimos apenas el 2% de incremento salarial este año- comenta la profesora Fernández-; pero los profesores de la de Antioquia hemos perdido más de la mitad del poder adquisitivo de nuestros salarios. Tenemos, además, una planta física con capacidad para unas 15 mil personas, pero diariamente está habitada por unas 35 mil. A finales de los 90 teníamos 15 mil estudiantes y ahora tenemos 37 mil; pero entre profesores ocasionales, de tiempo completo y medio tiempo vinculados no sumamos 1800 personas para atender 37 mil estudiantes. De ahí, entonces, la contratación de profesores de cátedra, tercerizada y con altos niveles de vulnerabilidad; son casi cinco mil, el 70% del personal docente. Estamos entonces ante una precarización tenaz, sobre todo porque hay un desfinanciamiento importante”. Según la profesora Fernández, el año pasado la universidad de Antioquia traía un déficit de 24 mil millones de pesos; a eso hay que agregarle la obligación presupuestaria de la gobernación, que a la fecha solo ha pagado minucias para evitar ser sancionada por incumplir lo que le toca, pero adeuda a la Universidad más de 17 mil millones de pesos. 

Todo esto genera una incertidumbre sobre el futuro próximo del Alma Máter. Con la reapertura no necesariamente viene la normalización: “Cómo vamos a seguir normales si no estamos normales- dice la profesora Fernández-. Tenemos encima tanquetas, policías, filtros, restricción al acceso a la gente incluso… Cómo ejercer democracia, cómo hacer participación, cómo hacer debate libre y plural con medidas represivas contundentes”.

Periódico Periferia Prensa Alternativa ( Edición 56 - Octubre 2010)

http://www.periferiaprensa.org

Sí. Estoy aquí, nuca me he ido y nunca me iré. Como la mayor parte del tiempo me encuentro bien, bien a pesar de los golpes recibidos por tus miradas y murmullos de antipatía, vergüenza, rabia, desprecio (quien sabe que mas). Pero no todo es malo, también he sentido miradas de respeto, amor, admiración y alegría, que fortalecen mi textura, engrandecen mi espíritu y me llenan de vida.

Sé que me has visto muchas veces y crees conocerme… “de pronto si, si te conoces a ti mismo”. Pero la duda se vuelve inmensa y nace cuando te identificas con la causa, con el problema, y con la solución. Mientras en otros momentos no. Pero eso depende del rostro oculto que me enriquece y teje con sus hilos mi cuerpo, me da forma y colores; rojos, negros, azules, verdes, amarillos, anaranjados, morados, blancos, etc., etc., etc. Tantos colores como ideas, tantas formas como sentimientos. Pero al final los hilos que me tejen son lágrimas, alegría, tristezas, rabias, sonrisas, odios, gritos de libertad, rebeldía, dignidad. Que se entrelazan fuerte o fraternalmente en medio de gases, agua, papas, humo, molochas, piedras y más.

Entonces se me ocurre pensar y sentir que quien más le da sentido a mí existir… eres tú, que me llevas puesta, que me llevas en tu morral, que me llevas en tu corazón. Y sabes que aquel que oculta su rostro en mí, muestra el rostro de todos, cualquiera podría ser, podrías ser tú también. Soy el rostro de todos los que se sienten y les duele la injusticia, la indiferencia de otros, la codicia de muchos y la falta de respecto por la vida, la libertad y la dignidad.

Con este “texto” solo pretendo que me conozcas un poco y entiendas mis razones para existir y sepas que me llevas en tu interior y en cualquier momento me sacaras al exterior. Pero eso si, no olvides que soy el reflejo de todo lo que tu y todos llevan dentro.

El grupo de abogados defensores de los intereses de la familia del estudiante asesinado Johnny Silva, descubrieron, luego de 5 años, que uno de los tres policías involucrados en la muerte del joven, presento una cedula falsa que no corresponde con la verdadera identidad del uniformado. El padre de la víctima, Wilman Silva califico como Descarado y grosero que después de tanto tiempo ''ni la fiscalia, ni la procuraduria, ni los abogados se hallan fijado en que el uniformado ingreso al proceso una cedula falsa''. Los abogados confirmaron que PEDRO ANTONIO CUADROS, el uniformado que habría accionado el disparo sobre la humanidad del joven, de acuerdo a la información de la comisión de la verdad del caso, presento una cedula falsa de No. 7.186.127 de la ciudad de Tunja, que no corresponde a la verdadera identidad del portante que en realidad es EDGAR ANDRES BARON SAENZ. Jorge Molano, defensor del caso, dijo que el delito tipificado en este caso es FALSEDAD EN DOCUMENTO y tendría varios propósitos: Moverse fuera del país sin inconveniente; debido a su alto grado de responsabilidad, esquivaría una medida de aseguramiento y lograr escalar posiciones dentro de su institución al no figurarle antecedentes disciplinarios.