Desde un plano individual exigimos que se nos diga quiénes fueron los responsables, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, las motivaciones de los mismos. Pero también desde el plano colectivo, los diversos sectores universitarios y la misma sociedad en su conjunto, exigimos Ia verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que este aberrante delito llego a cometerse. PERMITIR QUE EL ESTADO VIOLE EL DERECHO A LA VERDAD, ES PERMITIR QUE EN EL FUTURO SE CONTINUEN REPITIENDO TALES ACTOS.

Sabiendo que al Estado le asiste el deber de investigar todos los asuntos relacionados con este vil asesinato, lo que observamos es que el Estado no solo ha incumplido éste sagrado deber, sino que también no se ha revestido de toda la formalidad pertinente ni tampoco se ha dotado de los medios adecuados para buscar y valorar las pruebas existentes. El deber de investigar significa para nosotros, hallar a los culpables, castigarlos debidamente e incorporar la Búsqueda de la Verdad Histórica.

En respuesta a un Derecho de Petición instaurado por la madre de Julián, doña Laura Castillo de Hurtado, el 3 de junio de 2009, donde se le solicita a la Fiscalía un informe detallado sobre las investigaciones adelantadas en pro de encontrar los autores y esclarecer los móviles que terminaron con Ia vida del estudiante en mención, la Fiscalía General de la Nación a través de Ia Unidad de Vida, Libertad Sexual y Dignidad Humana-Seccional Cali; se limita a manifestar que hasta el momento no se cuenta con pruebas suficientes y concretas que permitan Ia vinculación de persona alguna como autora del asesinato. A pesar del tiempo transcurrido, no han sido suficientes las declaraciones recogidas, Ia concurrencia de un testigo presencial de los hechos ni tampoco el retrato hablado del posible autor material del homicidio para llegar a una formulación de imputación contra persona determinada... en estas condiciones se estima que procede el archivo de las diligencias, sin perjuicio de evidencia sobreviviente. Y para que no quede duda alguna, Ia Fiscalía lo reafirma: Podría aceptarse que las diligencias que se han allegado nos advierten de la existencia de un acontecer contra la vida, pero conforme a los derroteros de la Ley 906 de 2004, no existe posibilidad de hacer imputación en contra de persona determinada y mientras ello no suceda, lo prudente es archivar el caso. Ante esta decisión, apenas obvia y normal en el marco de Ia institucionalidad de Ia impunidad en

Colombia... nos negamos a aceptar que el crimen de Julián quede precisamente en la impunidad, porque según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "El Estado tiene Ia obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de los Derechos Humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. Por lo tanto, rechazamos unánimemente el proceder de la Fiscalía y demás instancias judiciales. EXIGIMOS LA APERTURA INMEDIATA DE LA INVESTIGACIÓN. No podemos aceptar este tipo de decisiones, en las que se dice administrar justicia, pero que en realidad lo que están haciendo es evadir la responsabilidad del Estado en el sentido de valerse de todos los medios posibles no solamente para garantizar el Derecho a la Verdad sino también para proteger los derechos de todos los ciudadanos... ¡EN COLOMBIA, UNA VEZ MAS LA JUSTICIA CAMINA EN DIRECCION AL FAVORECIMIENTO DE LOS VICTIMARIOS!