Buena parte de la historia y la realidad de Latinoamérica tiene qué ver directa o indirectamente con las políticas intervencionistas que el imperialismo estadounidense ha ejercido siempre en la región, y que formalizó en 1823 con la famosa “Doctrina Monroe”. Por medio de diversas tácticas -que van desde la negociación, la amenaza, la intimidación y la coerción, hasta la invasión militar y el apoyo a regímenes domésticos oligárquicos que han ejercido el terrorismo de estado- el imperialismo norteamericano se ha asegurado de ejercer su influencia en un amplísimo territorio, que es considerado por ellos como parte integral, si no de su soberanía, sí de su seguridad y prosperidad nacionales. No es casualidad que nos denomine como “su patio trasero”.

La presencia, influencia y acción norteamericana en la política, la economía y hasta en la cultura de nuestros países, ha significado una constante de dominación coerción y contención de los procesos de lucha y resistencia políticos, sociales y culturales que históricamente han surgido en búsqueda de la consecución de justicia, libertad, paz y autodeterminación de nuestros pueblos.

La comprensión del modo de operación del imperialismo yanqui y de sus políticas intervencionistas en los asuntos internos de los países latinoamericanos nos ayuda a entender la correlación existente entre acontecimientos recientes que representan graves amenazas a la seguridad, la paz y los derecho a la resistencia y la autodeterminación, más allá de las estrechos márgenes que representa el binomio capitalismo-“democracia”, considerado por ellos como el único modelo aceptable y viable. El gobierno de USA, sin importar su filiación partidaria, proclama su “derecho” a supervisar a los demás países en el cumplimiento de deberes internacionales y a imponer castigos a quienes sean desaprobados.

Son políticas y acciones concretas las que relacionan al gobierno estadounidense con los intentos separatistas y desestabilizadores en Bolivia; y con las constantes, y cada vez más beligerantes, agresiones contra Venezuela. Son ellos quienes suministran apoyo logístico, militar, financiero, mediático y político al gobierno terrorista de Santos en Colombia, en una guerra contra lo que denominan “narcoterrorismo”, la cual ha sido en realidad un guerra contra el pueblo organizado, los opositores políticos, y los defensores de DDHH. Es la “diplomacia” estadounidense la que operó “políticamente” desde una de sus bases militares el golpe de estado en Honduras contra el presidente Zelaya. Así mismo, hay rastros y evidencias de la presencia de diversos organismos gubernamentales de EEUU en el reciente intento golpista en Ecuador.

En México, tiene también participación por medio de la llamada “Iniciativa Mérida” en la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón la cual -como sabemos- se ha zanjado con más de 30 mil muertes violentas, en lo que va del sexenio, y ha sumergido a buena parte del territorio y algunas ciudades, en un verdadero estado, no de sitio, sino de terror.

De los acontecimientos recientes mencionados hay hasta ahora, dos experiencias. Por un lado se encuentran los países que pese al hostigamiento y agresiones constantes del imperialismo y sus aliados locales han logrado seguir adelante con sus procesos de cambio social, tal es el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador, estos dos últimos además han logrado revertir respectivamente, intentos golpes de estado y agresiones directas a sus presidentes. Y en el otro extremo encontramos a tres países que desarrollan y llevan acabo acciones y políticas concordantes con los dictados imperiales, tanto en lo económico como en lo político y policiaco-militar. Hablamos de México, Colombia y Honduras, que son utilizados como punta de lanza para fortalecer el dominio estadounidense de la región.

En estos tres países, amén de los problemas que entraña la aplicación del modelo económico neoliberal, las políticas desarrolladas registran un saldo grave en materia de DDHH. Los tres países tienen en común un número creciente de presos políticos, hostigamiento, persecuciones, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violaciones, torturas y desplazamientos forzados.

Para lograr lo anterior, se implementan políticas de contención-dominación-coerción dentro de las que destaca la criminalización de la protesta social. Ésta constituye una estrategia privilegiada como mecanismo de encubrimiento ideológico y de legitimación política y social de las acciones represivas del Estado en contra de luchadores sociales, dirigentes comunitarios, periodistas y comunicadores alternativos; activistas, estudiantes y opositores en general.

La criminalización de la protesta social se produce cuando el Estado utiliza e interpreta la legislación penal para juzgar, tipificar y sancionar el comportamiento de personas y organizaciones sociales. De modo tal que un reclamo o una acción de protesta, considerados como derechos, son convertidos en delitos.

Los derechos de expresión, organización, comunicación, defensa y hasta de debido proceso son impedidos en la práctica, lo cual lleva a ahogar la voz de quienes más necesitan ser escuchados. Actualmente en México y Colombia cualquier asesinato, desaparición, secuestro o agresión física no se investiga, sino que se justifica de inmediato como “relacionada con el crimen organizado” o el “narcoterrorismo”.

Los propósitos de una política de esta naturaleza son claros: hostigar, perseguir y reprimir a quienes ejercitan una actividad política en distintos frentes del quehacer social-popular y, de esa forma, inhibir la oposición al régimen o a alguna de sus acciones de gobierno. Como política de Estado, para su ejecución requiere de la acción de gobernantes, funcionarios, jueces, fuerzas militares, policiales y/o paramilitares, políticos y medios de comunicación. Por tanto estas acciones constituyen una forma de gobernar y de ninguna manera un comportamiento circunstancial.

Sin embargo, la criminalización de la protesta social no podría explicarse y aplicarse sin el “linchamiento mediático”. Este último crea las condiciones psicológicas en la sociedad para que acepte una política represiva aplicada en contra de otros, a quienes previamente se los muestra como violentos, peligrosos, enemigos de la sociedad y el país, saboteadores o terroristas. La lista de calificativos puede ser extensa.

Sin dar derecho a la defensa o a la réplica, envilecen a quien se ha convertido en objetivo político lanzando en su contra todo tipo de juicios de valor negativos; lo juzgan y sancionan ante la sociedad sin otorgarle el derecho a la defensa. Así, todo lo que el Estado haga en su contra es poco, e inclusive faltaría fuerza en la ley para reprimirlo. De esa manera el Estado consigue la justificación para golpear y reprimir, con base en un consenso social.

Esto es lo que ha ocurrido con las víctimas del bombardeo colombiano en Ecuador, y particularmente contra Lucía Morett, quien continúa perseguida con causas penales en Ecuador, México y Colombia además de un pedido internacional de detención por parte de INTERPOL. Es lo que ocurre con el profesor Miguel Ángel Beltrán, detenido arbitrariamente en México y deportado indebidamente a Colombia. Y es lo que ha ocurrido con las víctimas de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, e incluso con amigos y familiares de las víctimas.

Se ha gestado un clima de persecución internacional, que busca criminalizar a los luchadores sociales como el caso del chileno Manuel Olate del Partido Comunista que está en prisión preventiva por un pedido de extradición en Colombia.

Por otra parte, la senadora Piedad Córdova fue privada del cargo para el que fue electa, con la argucia de que colabora con la insurgencia, cuando fue ella quien encabezó la misión “Colombianos por la Paz” que logró la liberación de varios rehenes. También fue inhabilitada para ocupar cargos públicos, cuando se trata de una persona que ha luchado incansablemente por la paz.

Ante esto nos parece impostergable alertar y denunciar tanto las políticas imperialistas y las acciones intervencionistas como las políticas de seguridad que se desarrollan como terrorismo de Estado, así como la criminalización de facto de la protesta social y el derecho a pensar y expresarse críticamente, ya que estas acciones que surgen del Estado y de la colaboración entre estos constituyen ofensas y atentados concurrentes contra la vida, los DDHH, la paz, la seguridad y la autodeterminación.

Estas políticas de seguridad están acompañadas de una impunidad de las fuerzas castrenses que asesinan a civiles, principalmente a los jóvenes. Por ello resulta necesario reivindicar y dar voz a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a las organizaciones sociales, a los comunicadores, activistas, defensores, artistas, intelectuales y estudiantes que desde el ejercicio de sus legítimos derechos buscan un mundo más justo y más digno de ser vivido. México no merece una “colombianización” al estilo Uribe-Santos, sino un destino de unidad con las luchas libertarias de América Latina y del mundo.

Libertad a Miguel Ángel Beltrán.

Exoneración total a Lucía Morett.

Castigo a los asesinos de Juan, Verónica, Soren y Fernando, caídos en Sucumbíos a manos de los terroristas colombianos.

* Mariana López de la Vega y Miguel Ángel Aguilar González: Sociedad de Estudios Culturales de Nuestra América:

*José Enrique González Ruiz: Postgrado en Derechos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México:

“Los indígenas recorremos los territorios para proteger nuestra Madre Tierra.  Informamos a la comunidad los impactos de la minería a cielo abierto que varias empresas quieren realizar en la zona con apoyo de los grupos armados. Denunciamos las amenazas que llegan a nuestras casas a través de panfletos diciéndonos que debemos abandonar las tierras que por siglos han sido nuestras”.

Comunero del resguardo Cerro Tijeras del norte del Cauca.

Muchos territorios de Colombia están ocupados por megaproyectos mineros que ponen en riesgo la vida de las personas que ahí habitan.  Es lo que viene sucediendo con cientos de habitantes de la zona norte del Cauca. A ellos, les quitan sus derechos para luego entregárselos como limosnas. Les quitan sus riquezas y les devuelven las migajas que les sobran a las empresas que se llenan los bolsillos con los recursos que pertenecen a todos los colombianos. Esto produce, como no, que millones de personas de todo el país, empobrecidas por el sistema, engrosen las filas del desempleo o entreguen su trabajo por salarios de miseria.

Esto no es nada nuevo, viene sucediendo desde mucho tiempo atrás en países como Australia, Chile y Perú. En estos lugares, mientras crecen las ganancias de las multinacionales que extraen los recursos, la calidad de vida de  los habitantes de esos territorios cae de forma alarmante. Además, se presenta la pérdida de la soberanía alimentaria de esas regiones y se ven afectados la cultura y los saberes ancestrales de los pueblos originarios. Sumado a esto, la contaminación del agua y de los suelos, producto de los procesos de extracción, acorta cada vez más la vida del planeta.

En Colombia, los datos oficiales del gobierno afirman que en el año 2000 las exportaciones mineras constituían el 38% del total de las exportaciones del país, que en el año 2009 alcanzaron el 51% y se calcula que en los próximos 10 años ascenderán al 57%. Además, entre los años 2000 y 2009, la participación del sector minero en la inversión extranjera directa se incrementó en 22 puntos (del 21 al 43%) y se calcula que entre 2008 y 2015 el sector podrá recibir una inversión extranjera de 62.000 millones de dólares.

Lo anterior se traduce en un escenario desesperanzador. El territorio colombiano entregado al capital transnacional con el único propósito de alimentar, aún más, los bolsillos de quienes por tanto tiempo han saqueado los recursos del planeta.

No suficiente con esto, la privatización avanza con leyes que van en contra de la salud, de la educación y de la inversión social, para priorizar la modernización de la seguridad democrática. Esa supuesta seguridad que permite que continúen las amenazas contra organizaciones defensoras de los derechos humanos y líderes que buscan las garantías de los derechos de la sociedad Colombiana, tal como ha sucedido en los últimos días.

Como respuesta a esta situación, muchas  organizaciones que sufren dentro de los territorios, buscan la unidad, la capacitación y la formación de conciencia en sus comunidades para resistir la ocupación integral que se cierne sobre sus territorios. Para eso es necesario entender el modelo que nos está matando y no permitir que avance sobre nuestras comunidades. Promover la conciencia necesaria para detener la gran minería, las leyes del despojo, el proyecto de muerte integral y la falta de solidaridad que tenemos entre pueblos. No es un proyecto sólo de unos pocos, debe ser la tarea y el compromiso de todos los que creemos aún en la defensa de la dignidad y de la vida.
Tejio de Comunicaciòn ACIN

He pensado mucho en ti y quiero expresarte en este papel todo lo que siento, así la gente se pregunte ¿Cómo y por qué somos así? Hoy he venido y dejo mi clandestinidad y el utilitarismo que hacia ti he expresado y quiero que mi corazón hable por mí, sé que no te has ido, que siempre me esperas y me buscas, pero no respondo como debería ser. Tal vez por vergüenza, esa vergüenza de hacer las cosas con la cabeza caliente y dejar que las viseras hablen y traten de acabar con esa ternura que me haces sentir, por tu forma de ser, entender, y sobre todo de aguantarme.

Tu y yo somos el espejo rebelde de muchos; que por miedo no dejan fluir la sangre guerrera que llevan, por eso somos sin carnet, sin cedula, sin nacionalidad, sin nombre, sin prejuicios, ordenados con nuestra forma de pensar y actuar: somos la voz de los sin voz, el rostro oculto de los olvidados, la palabra que se crea y renueva, desordena y ordena, golpea y se diluye para luego volver a compactarse, sin caer en la torpeza de los que enarbolaron banderas de libertad y terminaron siendo verdugos de su propio pueblo. La palabra con la que tú y yo hablamos es sincera y llena de autonomía, es la palabra que muchos deberían usar, es la palabra de respeto por lo que podemos ser y no hacer o de hacer y no ser: por la vida, la libertad y la dignidad, es la palabra que destruye y construye. En fin mi amor por ti es más grande de lo que imaginas: sos mi pensamiento, mi cómplice…

No quiero que e le “bochinche” de la gente destruya nuestra relación, nuestra libertad, nuestra alegría y nuestro orden. No imagino que seria sin ti, sin tu sinceridad, sin tu dolor, si te llevo en mi morral, si te levo puesta, si somos dualidad: como hijos de la tierra y el maíz, somos el reflejo de lo que todos llevan dentro. Sin ti mi corazón se entristece y nuestros sueños quedaran enjuagados entre tus hilos, y solo quedaría decirle a la gente que se “acabo” y en tu ausencia las paredes se llenaran de tristeza, será sin imaginación, sin voz y en blanco, como la mente enceguecida por el miedo.

Hay muchas clases pero ninguna como tu: golpeada y mal tratada pero fuerte y comprensiva, entre las piedras, los petos, las papas; alegre, entre los gases, los gritos, las lagrimas; feliz, entre las molochas , el fuego; inerte…en el camino en el que construimos libertad. Sabes amar, ser justa, multicolor y día a día creado el anhelo y la rebeldía, la unidad para luchar y vencer. Somos así porque no queremos tributos o canciones, ni monumentos… la larga vida de nuestro pueblo clama una victoria peleando por su dignidad, peleamos no por una guerra, sino por la promesa de este mundo libre sin protagonizar una revolución: donde una sola persona sea la estrella, donde cada uno construya la libertad.

Simbolizas vida, amor, rebeldía, expresión. Como estudiante te llevo a diario para luchar contra la actitud despótica del poder, por un mundo justo con libertad, igualdad y fraternidad para todos.