Tambien hay que marchar.

Prensa Rural: Derechos HumanosLas comunidades han sido objeto de atropellos como detenciones arbitrarias, capturas masivas, desplazamiento forzado, restricciones a la circulación, bloqueo económico, fumigaciones y accionar paramilitar. Los responsables de estos actos han sido el Ejército Nacional, la Infantería de Marina, la Policía, el DAS y la Fiscalía, con la omisión de los organismos de control. "Entendemos que estas políticas de represión obedecen a la retaliación del gobierno por las movilizaciones campesinas llevadas a cabo".

Ejército ataca viviendas civiles y hace detenciones arbitrarias (31 de mayo de 2006)El 16 de mayo, tropas del Ejército Nacional lanzaron morteros en la vereda La Cristalina, corregimiento de El Aserrío (Teorama, Norte de Santander). Los morteros cayeron en el camino que comunica la vereda con El Aserrío. En ese momento por la vía transitaban niños. El 17 de mayo, el Ejército Nacional abrió fuego nuevamente con morteros hacía Filo Guamo (vereda La Cristalina), los cuales empezaron a caer en las fincas de la zona. El martes 30 de mayo, en un retén militar, fueron detenidos Trino González, Irene García y Luis Ramón Abril, reconocidos habitantes de la región.

Los asesinatos de campesinos mestizos, de indígenas o de afrodescendientes, de habitantes urbanos o de miembros de la oposición política, en los que hay serias pruebas de la responsabilidad estatal, en la lógica de la solidaridad de cuerpo es un simple error militar. O en los boletines de las Brigadas se expresa que se trató de asesinados en combates, cuando las víctimas estaban indefensas, eran civiles a los que se les cambió su identidad vistiéndolos con camuflados. En la oficialidad ante la verdad real de los testigos y de las familias de las víctimas, se afirma a pesar de toda sensatez, que existe absoluta confianza en los agentes estatales. Y cuando se va desmoronando la falsedad institucional, se guarda silencio, los medios de información ya no dicen, se hacen mudos, como réplica a la arbitrariedad institucional, y los testigos son amenazados, las familias perseguidas, nadie puede hablar, ni exigir justicia.